Primera aproximación a la Ley 5/2018, de lucha (a medias) contra la ocupación ilícita de viviendas.

En el BOE de hoy, 12 de junio, se publica la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Puede descargar el texto completo de la norma desde este enlace. El objeto de esta Ley  es crear los instrumentos eficaces y ágiles en la Ley de Enjuiciamiento Civil para luchar contra el fenómeno OKUPA de viviendas pero, ojo, no de todas: se requiere que la vivienda ocupada ilegalmente, sin consentimiento, o bien: Sea propiedad de personas físicas o que éstas, sin ser propietarias, sean sus poseedoras legítimas. Que quien tenga derecho a poseerla sea una entidad sin ánimo de lucro, o bien Que sea una vivienda social propiedad (o que, sin serlo, sea su poseedora legítima) una entidad pública. Es decir, que si la vivienda ocupada es, por ejemplo, de una sociedad mercantil, no podrá acogerse a esta nueva regulación para recuperar la posesión, sino que deberá seguir utilizando las soluciones existentes hasta la fecha, que la propia exposición de motivos de la Ley reconoce que “todas ellas presentan algún tipo de problema o limitación en su aplicación en los casos de ocupación ilegal” . Me imagino el caso de un edificio propiedad todo él de una sociedad limitada que dedica las viviendas al arrendamiento y resulta que en un par de pisos que en momento determinado tiene vacíos le entran una serie de simpáticos okupas, para alegría del resto de los inquilinos. […]

Saliendo de la vista de un juicio civil, letrado, pida CD con copia de la grabación.

En pocos días me he encontrado que en dos procedimientos ordinarios la contraparte ha esperado a que haya sido dictada y notificada sentencia para interesar la entrega de la copia de la grabación de la vista, con expresa petición de suspensión del plazo para interposición del correspondiente recurso de apelación: Luego, como veremos, dichas peticiones han sido resueltas de forma distinta. En cualquier caso, esta es una práctica bastante extendida de la que yo, sin embargo, huyo: tengo por norma presentar escrito pidiendo copia de la grabación el mismo día de la vista, sea de juicio, de audiencia previa, de cautelares o de lo que sea, a fin de estar en posesión de la misma (dependiendo de la celeridad del Juzgado al que me dirijo) con carácter previo a que se dicte la resolución subsiguiente a la vista en cuestión: […]

¿Cómo se calcula la tasa judicial de un desahucio por falta de pago? Como si fuera un monitorio.

Si una persona  arrienda un inmueble y el arrendatario no paga la renta, el procedimiento judicial a través del cual el arrendador interesará la resolución del contrato por falta de pago será el juicio verbal (artículo 250.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil), desahucio por falta de pago, en el que a la acción de resolución podrá acumularse la de reclamación de las rentas no atendidas (artículo 437.4.3ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y las que no se atiendan durante el procedimiento (artículo 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Si resulta que la arrendadora es una persona jurídica la interposición de la demanda está sujeta al pago de tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, más conocida como tasa judicial, regulada por la Ley 10/2012, de noviembre. Como ya saben ustedes, la tasa se compone de una parte variable, equivalente a un porcentaje de la cuantía de la demanda (0,50% para cuantía hasta un millón de euros más el 0,25% sobre lo que exceda de ese millón) y una parte fija, cuyo importe depende del tipo de procedimiento. La parte fija de la tasa que corresponde a un juicio verbal (artículo 7.1 de la Ley 10/2012) es de ciento cincuenta euros, pero en los juicios de desahucio por falta de pago no se va a tomar esa cantidad como parte fija, sino la indicada para los procedimientos monitorios, que es de “solo” cien euros. […]

La abogacía, una profesión en constante actualización sí, ¿pero hasta dónde? la última vuelta de tuerca.

El que piense que para ser abogado es suficiente con estudiar una miaja los cinco (ahora cuatro con el grado) años que dura la carrera y luego a vivir… está muy equivocado. En esta profesión actualizarse y adaptarse a los nuevos retos profesionales supone muchas horas de sacrificio, de estudio  de los nuevos textos legales y, además, de inversión económica en libros, cursos, seminarios, etc… Las exigencias no solo vienen de los múltiples cambios normativos, sobre todo esta última legislatura, que han sufrido las dos grandes áreas tradicionales de conocimiento jurídico, el derecho adjetivo y el derecho positivo, sino también de la necesidad (qué se le va a hacer) de conocer las nuevas áreas de aplicación, como son el derecho de las nuevas tecnologías, la normativa sobre blanqueo de capitales, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la protección de datos de carácter personal… […]

Modelo de incidente de nulidad por indebida notificación vía edictos

Como viene afirmando desde hace mucho tiempo el Tribunal Constitucional, si hay algo que tenga suma importancia en un procedimiento judicial, sobre todo al inicio, es que los actos de comunicación a quien tiene  que ser parte en aquel (emplazamiento, citación, requerimiento, notificación…) se realicen correctamente, pues en tal caso el acto de comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos e intereses cuestionados, de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Centrándonos en el proceso civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil dedica distintos artículos a estos actos de comunicación, intentando que los mismos se lleven a cabo directamente con su destinatario, previendo como mecanismo de cierre, cuando queda acreditada la imposibilidad de la primera, la notificación vía edictos. Así, podemos citar los siguientes preceptos: […]

By | domingo, 24 mayo, 2015|Categories: Administración de justicia, Artículo, Derecho|Tags: , |5 Comments

Minuta de abogado para tasación de costas: ¿proforma y sin necesidad de acreditar pago previo para inclusión IVA?

Hace unas semanas escribí un artículo en esta misma página sobre la reforma del artículo 243.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevista en el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que bajo el número 121/000133 se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Como les conté entonces, la nueva redacción de ese precepto tiene la finalidad de aclarar de una vez por todas (si se aprueba) que en las tasaciones de costas los honorarios de abogado y derechos de procurador deben incluir el IVA y que, además, no computa esa partida para el cálculo del límite (tercio cuantía) previsto en el 394.3 del mismo texto legal. En concreto, la redacción incluida en el Proyecto dice así: En las tasaciones de costas, los honorarios de Abogado y derechos de Procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido, que no se computará a los efectos del apartado 3 del artículo 394. Si bien lo anterior significa un avance, lo cierto es que  no termina de solucionar la  problemáticas de las minutas para tasación, por cuanto un sector de  los secretarios judiciales discute la posibilidad de que la minuta presentada a tasación sea PROFORMA y no oficial numerada; si se admite la proforma, entonces una parte de los secretarios no incluye el IVA; y otros, por su parte, sólo admiten la inclusión del impuesto si se acredita el previo pago de la minuta por el beneficiado de la condena en costas.    Les pongo dos ejemplos de esa postura “negativista”, por definirla de alguna forma: […]

La D.G. de Tributos confirma vía consulta V-0790-15 que las Comunidades de Propietarios están exentas del pago de tasas judiciales.

A resultas de la entrada en vigor el pasado 1 de marzo del Real Decreto-Ley 1/2015,  27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, uno de los asuntos más comentados en los círculos jurídicos —que no en la prensa ni a nivel político— ha sido el de la extensión a las Comunidades de Propietarios de la exención en el pago de la tasa judicial introducida por la norma citada para las personas físicas. Yo mismo escribí un artículo al respecto en este blog (que por cierto, muchas gracias a todas las personas que lo han leído y difundido), poniendo a disposición de todos los lectores un modelo de otrosí para defender la no presentación de la autoliquidación de la tasa en la demanda, así como texto completo de consulta vinculante elevada a la Dirección General de Tributos en la que se solicitaba pronunciamiento al respecto. Esa consulta no fue la única, ya que por parte del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, obrando a través de su presidente, don Salvador Díez Lloris, se presentó otra en el mismo sentido. Esa consulta del CGCAFE ha sido resuelta por la Dirección General de Tributos con fecha 5 de marzo —y notificada el día 12— en el sentido defendido por todo aquel que ha escrito sobre el tema: la vuelta al criterio mantenido por la propia Dirección General de Tributos durante la vigencia de la Ley 53/2002, la primera Ley de tasas judiciales, considerando a las Comunidades de Propietarios exentas del pago de la tasa. En concreto, la respuesta dice así: […]

Las Comunidades de Propietarios, exentas del pago de tasas judiciales

De acuerdo con la nota de prensa publicada el viernes 27 de febrero por el Ministerio de Justicia, El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-Ley para, entre otras cosas, la modificación de las tasas judiciales, de forma que las personas físicas quedarán exentas del pago de las mismas en todos los órdenes e instancias. Ese anuncio se ha concretado en la publicación en el BOE de 28 de febrero del  Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, que dedica el Capítulo III de su Título II a la modificación de la Ley 10/2012. Por cierto, por una vez aciertan con la no existencia de vacatio legis y la norma entra en vigor mañana, domingo uno de marzo. Entre otras cuestiones, se modifica el artículo 4 de dicha norma, el que regula las exenciones objetivas y subjetivas, y entre estas últimas añade la de las personas físicas: Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa: a) Las personas físicas Con independencia de que la reforma es insuficiente en relación con las justas reclamaciones de los operadores jurídicos, quiero centrarme en una concreta consecuencia de esta reforma de la que el Gobierno no se ha enterado, porque si no la habría contemplado expresamente en la norma: la exención del pago de la tasa judicial para las personas físicas conlleva automáticamente, en mi opinión  y aunque no se cite en la disposición aprobada,  el que las Comunidades de Propietarios también estén exentas de dicho pago. ¿Y en qué me baso para realizar dicha afirmación? En el criterio de la Dirección General de Tributos, que viene desde hace años haciendo extensivo a las comunidades de propietarios el régimen relativo a las tasas judiciales aplicable a personas físicas. Veamos los antecedentes que fundamentan la exención de las comunidades de propietarios de pago de las tasas judiciales. […]

¿Puedo ratificarme vía mi procurador en el convenio regulador de separación/divorcio consensual si no vivo en el lugar donde se tramita la demanda?

Si un matrimonio presenta demanda de separación o divorcio consensual ­—o bien uno de ellos con consentimiento del otro—, uno de los documentos que deben presentarse con la demanda (de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 del Código Civil en relación con el 86 y 90 del mismo texto y 777.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) es el llamado convenio regulador. Admitida la solicitud de separación o divorcio, el apartado 3º del artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que el Secretario judicial citará a los cónyuges, dentro de los tres días siguientes, para que se ratifiquen por separado en su petición. Si ésta no fuera ratificada por alguno de los cónyuges, el Secretario judicial acordará de inmediato el archivo de las actuaciones, quedando a salvo el derecho de los cónyuges a promover la separación o el divorcio conforme a lo dispuesto en el artículo 770. Contra esta resolución del Secretario judicial podrá interponerse recurso directo de revisión ante el Tribunal. Esa comparecencia de los cónyuges suele personal, es decir, que son los propios cónyuges los que comparecen ante el Juzgado para ratificar que sí, que se quieren separar o divorciar y que el convenio que han firmado es el que se les exhibe y que están de acuerdo con el mismo. Vale.. ¿pero qué pasa si resulta que el partido judicial competente es, pongamos, uno de la  provincia de Huelva, por radicar el último domicilio conyugal en una población del mismo (769.2 Ley de Enjuiciamiento Civil) y uno de los cónyuges reside en, sigamos suponiendo, en Mallorca? ¿Se tiene que desplazar hasta allí, pagando avión o barco, coche o taxi y hotel de al menos una noche? La respuesta a esa pregunta es no. No se tendrá que desplazar, y para ello tenemos  dos caminos. […]

Conclusiones completas de la XXIV reunión nacional de jueces decanos de España

Los pasados días 1 a 3 de diciembre ha tenido lugar en Valencia la XXIV REUNIÓN NACIONAL DE JUECES DECANOS DE ESPAÑA, tras la cual se ha emitido por los mismos un documento de conclusiones de 35 páginas, en el que se recoge su visión de los problemas que afectan a la Justicia española y aportan sus reivindicaciones y posibles soluciones a las deficiencias denunciadas.   Del contenido de  ese documento, del     que se han hecho eco, en mayor o menor medida, los distintos medios de comunicación, podríamos destacar cuestiones como las siguientes:   Las propuestas en relación a los delitos de corrupción, para los que se propone, destacaríamos, ampliar su  plazo de prescripción, el incremento de las penas o que los mismos dejen de ser enjuiciados por un jurado.   La aprobación de una Ley de segunda oportunidad para personas físicas insolventes, que permita modular el principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil.   La desaparición de los aforamientos y de los privilegios procesales absolutamente injustificados de los mismos. Esto, añado yo, es una demanda a gritos no solo de este colectivo profesional, sino de toda la sociedad a la que quien tiene que aprobarla, la clase política, reiteradamente hace oídos sordos o dice “sí, si” pero luego no hace nada. […]