Escribo en Privacidad Lógica 2 artículos sobre abogados y RGPD

En las últimas semanas he publicado dos artículos en Privacidad Lógica en relación con temas específicos sobre la aplicación del RGPD por abogados: ¿Cuántos años puede guardar un abogado un expediente finalizado? Abogados: codirección técnica y corresponsabilidad del art. 26 RGPD. Cómo documentarlo. Puede acceder al contenido íntegro de los artículos pulsando sobre el título de los mismos, configurados con hiperenlace.  

Primera aproximación a la Ley 5/2018, de lucha (a medias) contra la ocupación ilícita de viviendas.

En el BOE de hoy, 12 de junio, se publica la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Puede descargar el texto completo de la norma desde este enlace. El objeto de esta Ley  es crear los instrumentos eficaces y ágiles en la Ley de Enjuiciamiento Civil para luchar contra el fenómeno OKUPA de viviendas pero, ojo, no de todas: se requiere que la vivienda ocupada ilegalmente, sin consentimiento, o bien: Sea propiedad de personas físicas o que éstas, sin ser propietarias, sean sus poseedoras legítimas. Que quien tenga derecho a poseerla sea una entidad sin ánimo de lucro, o bien Que sea una vivienda social propiedad (o que, sin serlo, sea su poseedora legítima) una entidad pública. Es decir, que si la vivienda ocupada es, por ejemplo, de una sociedad mercantil, no podrá acogerse a esta nueva regulación para recuperar la posesión, sino que deberá seguir utilizando las soluciones existentes hasta la fecha, que la propia exposición de motivos de la Ley reconoce que “todas ellas presentan algún tipo de problema o limitación en su aplicación en los casos de ocupación ilegal” . Me imagino el caso de un edificio propiedad todo él de una sociedad limitada que dedica las viviendas al arrendamiento y resulta que en un par de pisos que en momento determinado tiene vacíos le entran una serie de simpáticos okupas, para alegría del resto de los inquilinos. […]

Intervención como ponente en el curso “El delegado de protección de datos” organizado por FUNDESEM.

El pasado 23 de febrero,  intervine como ponente en el curso organizado en Alicante por la escuela de negocios FUNDESEM sobre el delegado de protección de datos, coordinado por Esther Botella. Además de Esther, en la jornada tuve la oportunidad de compartir docencia y mantel con Esther Botella y Santiago Bermell, con los que me hice la fotografía que ilustra esta pequeña entrada. Las materias sobre las que hablé fueron los ficheros de solvencia patrimonial y videovigilancia, en sendas ponencias de una hora y media cada una. Por si a alguien le resulta de interés pongo a su disposición las presentaciones utilizadas en mis charlas. Puede acceder a las mismas desde estos enlaces: […]

By | martes, 10 abril, 2018|Categories: Artículo, LOPD|Tags: , , , |0 Comments

Escribo en Privacidad Lógica sobre ficheros de morosos

Hoy he publicado un artículo en el blog Privacidad Lógica analizando cómo se van a ver afectados los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, conocidos como ficheros de morosos, por el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018, y por la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, conocida como LOPD 2.0, aunque por ahora no pasa de ser un proyecto y no se sabe cuándo finalmente será aprobada.   Puede acceder al contenido íntegro del artículo desde el siguiente enlace.  

By | martes, 27 febrero, 2018|Categories: Artículo, LOPD|Tags: , , , |0 Comments

Compliance penal: El artículo 31 bis del Código Penal en las resoluciones de las Audiencias Provinciales.

La responsabilidad de las personas jurídicas fue introducida en nuestro Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Posteriormente, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, lleva a cabo, según recoge su propia exposición de motivos, una mejora técnica en ese régimen de responsabilidad, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del “debido control”, cuyo quebrantamiento permite fundamente su responsabilidad penal. Desde entonces, los análisis doctrinales se han centrado en las Circulares 1/2011 y 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y en las escasas sentencias hasta la fecha dictadas por el Tribunal Supremo: nº 514/2015 de 2 de septiembre; nº 154/2016 de 29 de febrero, del Pleno; nº 221/2016 de 16 de marzo; 744/2016 de 6 de octubre y 827/2016, de 3 de noviembre. Sin embargo, tiende a olvidarse el “escalón” inferior: el análisis y aplicación que del 31 bis del Código Penal se hace en las Audiencias Provinciales al (artículo 82 LOPJ) enjuiciar las causas por delito cuyo conocimiento les corresponde y al resolver los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Instrucción y de lo Penal, lo que nos permite conocer también cómo aplican esos órganos unipersonales ese precepto La poca literatura jurídica sobre este tema es lo que me ha llevado, aprovechando la preparación del TFM de un Máster en Compliance con el que llevo medio año bregando,  a aproximarme a las resoluciones de las Audiencias Provinciales en las que se aplica el artículo 31 bis del Código Penal. Para ello, he utilizado la base de legislación y jurisprudencia de Lefebre-El Derecho: localizado en la legislación el artículo 31 bis del Código Penal, he solicitado búsqueda de todas las resoluciones contenidas en la base sobre ese precepto, siendo el resultado de ese rastreo el de 64 documentos, entre autos y sentencias, emitidos por Audiencias Provinciales. Hay que decir que no todas se ocupan como asunto central de la responsabilidad de la persona jurídica, siendo la cita del precepto residual, por lo que se han desechado. Lo que sigue a continuación es el análisis que he realizado sobre el contenido de esas resoluciones. No es mi pretensión realizar un profundo análisis doctrinal, sino exponer aquellas cuestiones que más han llamado mi atención durante su lectura. […]

By | lunes, 12 junio, 2017|Categories: Artículo, Derecho|Tags: , |0 Comments

¿Adiós a los avisos/recibos de cobro de los tributos locales periódicos?

Querido ciudadano de las Illes Balears, ¿sabría usted decirme de qué fecha a qué fecha va el período voluntario de pago de los tributos de su ayuntamiento de cobro periódico, como pueden ser el impuesto sobre bienes inmuebles o,el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica? Seguro que no, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo sabe usted cuándo hay que pagarlos? Porque todos los años le llega a su casa un aviso/recibo de pago como éste, que amablemente le remite su Ayuntamiento, vía la Agencia Tributaria de las Illes Balears, con la que la mayoría de consistorios de la isla tienen suscrito convenio: [...]

He perdido el ticket del aparcamiento. ¿Me pueden cobrar todo el día?

Esta última semana he tenido que dejar el coche en dos aparcamientos rotatorios (aquel en el que el titular del aparcamiento se obliga a facilitar una plaza de aparcamiento por un periodo de tiempo variable, no prefijado) y en ambos me he encontrado con sendos cartelitos que informan de que en caso de pérdida del ticket que te expide la máquina al entrar en el recinto se deberá abonar: En un caso el importe correspondiente al tiempo transcurrido desde la apertura del centro comercial hasta la retirada del vehículo. Y en el otro, el importe equivalente a un día completo [...]

By | jueves, 30 marzo, 2017|Categories: Artículo, Derecho|Tags: , |1 Comment

Saliendo de la vista de un juicio civil, letrado, pida CD con copia de la grabación.

En pocos días me he encontrado que en dos procedimientos ordinarios la contraparte ha esperado a que haya sido dictada y notificada sentencia para interesar la entrega de la copia de la grabación de la vista, con expresa petición de suspensión del plazo para interposición del correspondiente recurso de apelación: Luego, como veremos, dichas peticiones han sido resueltas de forma distinta. En cualquier caso, esta es una práctica bastante extendida de la que yo, sin embargo, huyo: tengo por norma presentar escrito pidiendo copia de la grabación el mismo día de la vista, sea de juicio, de audiencia previa, de cautelares o de lo que sea, a fin de estar en posesión de la misma (dependiendo de la celeridad del Juzgado al que me dirijo) con carácter previo a que se dicte la resolución subsiguiente a la vista en cuestión: […]

Cómo afecta el nuevo Reglamento General de Protección de Datos a la información que los abogados deben ofrecer a sus clientes y a la legitimación para tratar sus datos.

El 4 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), más conocido como Reglamento General de Protección de Datos. Esta norma, que entró en vigor a los 20 días de su publicación y que será plenamente aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, pone patas arribas el universo de la protección de datos y tiene a todo el mundo loco intentando adivinar cómo se va a aplicar y qué se mantiene y qué desaparece de la legislación patria, sin que hasta la fecha, la verdad, se haya avanzando mucho, que es otra forma de decir que poco es lo que se ha clarificado hasta la fecha. […]

By | lunes, 21 noviembre, 2016|Categories: Artículo, LOPD|Tags: , , , |0 Comments

¿Cómo se calcula la tasa judicial de un desahucio por falta de pago? Como si fuera un monitorio.

Si una persona  arrienda un inmueble y el arrendatario no paga la renta, el procedimiento judicial a través del cual el arrendador interesará la resolución del contrato por falta de pago será el juicio verbal (artículo 250.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil), desahucio por falta de pago, en el que a la acción de resolución podrá acumularse la de reclamación de las rentas no atendidas (artículo 437.4.3ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y las que no se atiendan durante el procedimiento (artículo 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Si resulta que la arrendadora es una persona jurídica la interposición de la demanda está sujeta al pago de tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, más conocida como tasa judicial, regulada por la Ley 10/2012, de noviembre. Como ya saben ustedes, la tasa se compone de una parte variable, equivalente a un porcentaje de la cuantía de la demanda (0,50% para cuantía hasta un millón de euros más el 0,25% sobre lo que exceda de ese millón) y una parte fija, cuyo importe depende del tipo de procedimiento. La parte fija de la tasa que corresponde a un juicio verbal (artículo 7.1 de la Ley 10/2012) es de ciento cincuenta euros, pero en los juicios de desahucio por falta de pago no se va a tomar esa cantidad como parte fija, sino la indicada para los procedimientos monitorios, que es de “solo” cien euros. […]