¿Adiós a los avisos/recibos de cobro de los tributos locales periódicos?

Querido ciudadano de las Illes Balears, ¿sabría usted decirme de qué fecha a qué fecha va el período voluntario de pago de los tributos de su ayuntamiento de cobro periódico, como pueden ser el impuesto sobre bienes inmuebles o,el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica? Seguro que no, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo sabe usted cuándo hay que pagarlos? Porque todos los años le llega a su casa un aviso/recibo de pago como éste, que amablemente le remite su Ayuntamiento, vía la Agencia Tributaria de las Illes Balears, con la que la mayoría de consistorios de la isla tienen suscrito convenio: [...]

La abogacía, una profesión en constante actualización sí, ¿pero hasta dónde? la última vuelta de tuerca.

El que piense que para ser abogado es suficiente con estudiar una miaja los cinco (ahora cuatro con el grado) años que dura la carrera y luego a vivir… está muy equivocado. En esta profesión actualizarse y adaptarse a los nuevos retos profesionales supone muchas horas de sacrificio, de estudio  de los nuevos textos legales y, además, de inversión económica en libros, cursos, seminarios, etc… Las exigencias no solo vienen de los múltiples cambios normativos, sobre todo esta última legislatura, que han sufrido las dos grandes áreas tradicionales de conocimiento jurídico, el derecho adjetivo y el derecho positivo, sino también de la necesidad (qué se le va a hacer) de conocer las nuevas áreas de aplicación, como son el derecho de las nuevas tecnologías, la normativa sobre blanqueo de capitales, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la protección de datos de carácter personal… […]

La Defensora del Pueblo tira de las orejas al Ministerio de Hacienda en relación con la presentación electrónica obligatoria para personas físicas de autoliquidaciones y declaraciones tributarias… pero el CGAE debe mantener su recurso contra la Orden Ministerial

Hace unos días me hice eco a través de un post publicado en Privacidad Lógica de la polvareda que había levantado la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda de la Orden  HAP/2194/2013, en virtud de la cual se establece que a partir del 1 de enero de 2014 todo obligado a ello, sea persona jurídica o física, deberá presentar vía electrónica la mayoría de autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria. […]

Tasas judiciales. ¿Cómo se interpreta la bonificación por uso de medios electrónicos en la presentación de escritos? Y de extra, una ayudita para solucionar la carencia de impresos.

Hoy 21 de noviembre de 2012, se ha publicado en el BOE la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, conocida ya como la ley de tasas judiciales (o Ley Ruíz Vayatasón en este blog, si bien cedo generosamente dicho juego de palabras para su libre uso). Ya están al tanto los lectores de las entradas de esta página de mi posicionamiento sobre esta norma, que doy por sabido para no ser pelma, pero sí quiero entrar hoy un poco más en profundidad en una cuestión que ya he apuntado de pasada en mis anteriores artículos críticos sobre la norma: la bonificación en el importe de la tasa por uso de medios telemáticos, prevista en el artículo 10 de la Ley. Y así, de paso, matamos el tiempo hasta que el Gobierno pergeñe el formulario o impreso para la liquidación de la tasa, del que se había olvidado con esas  prisas para que la Ley entrara en vigor y dejar sin paga extra a jueces y fiscales. Total, un formulario de ná…una nimiedad. Con lo fácil que hubiera sido establecer que el devengo de la tasa (al igual que la vinculación de lo recaudado a la justicia gratuita) se iniciara en enero, pero claro, se les habría visto el plumero… Madre mía, que negativismo el mío. Intento enmendarme. Señores del Gobierno, a ustedes me dirijo ahora: para que vean que no todo es crítica y que también estoy por aportar,  la foto que ilustra este artículo es una idea que les ofrezco para tener de forma rápida, fácil y económica unos impresos o resguardos provisionales hasta que solucionen la chapuza. Y si el papel es reciclado ya ni les cuento. Incluso se me ocurre que podrían ponerse de acuerdo con alguna empresa que tenga blocs de notas, de esos con propaganda, y así obtienen unos ingresos atípicos por patrocinio, que mal no les vendrán, por lo que veo. No sé, algo así tipo “¿Justicia? La mejor, en Almacenes don Manolo” o “Cola Loca, la chispa de la Justicia”, “Bar Paco, tasas y tapas”… pero vamos, no deja de ser una sugerencia, conste. Bueno, y ahora que he limpiado mi conciencia con esa, creo, estupenda solución, vamos a los nuestro: lo de la bonificación por presentación telemática del artículo 10 de la ley. […]

ABC también se hace eco de los desastres que están causando los experimentos con el expediente judicial electrónico del Ministerio de Justicia

En la edición del pasado 5 de diciembre, el diario ABC publica un artículo escrito por Érika Montañés en el que, de la mano de representantes del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, describe el desolador panorama en el que se encuentran los Juzgados Centrales de lo Contencioso de la Audiencia Nacional a resultas de la pésima implantación del expediente judicial electrónico en los mismos. Este artículo va en la misma línea que la noticia al respecto publicada por El Derecho en su página web a principios de noviembre, y de la que también me hice eco en esta web. Destaco de su contenido  las declaraciones de la representante del STJA que auxilió a la periodista en la confección del artículo: […]

¿Qué pasa con el Registro General de Fundaciones?

Por motivos profesionales ando estos días sumergiéndome en la regulación jurídica de las fundaciones, buscando respuestas a los interrogantes que me plantean mis clientes sobre una fundación de ámbito estatal que es su deseo constituir. Alguna de sus preguntas son del tipo ¿cómo podemos saber si la denominación que tenemos pensada está disponible o no? ¿Cómo lo acreditamos? ¿Dónde tenemos que inscribir la fundación, que va a operar en la práctica en la totalidad del Estado? ¿Cómo se determina qué Ministerio ejercerá el protectorado sobre la fundación? Si uno tira de su experiencia previa en sociedades mercantiles llega a la conclusión que, al igual que con aquellas, habrá por ahí un Registro Central de Fundaciones en el que, al igual que sucede con el Registro Mercantil Cental, uno podrá tramitar una consulta on line sobre disponibilidad de la denominación que desea utilizar y, en su caso, obtener certificación sobre la misma. Y ya que es un Registro Central y en el caso de mis clientes hablamos de una fundación de competencia estatal, pues también podremos inscribir en el mismo la fundación, y que, además, lo lógico sería que el Registrador determine, después de analizar los fines de la fundación, a qué Ministerio le corresponde el ejercicio del protectorado. […]

By | lunes, 29 agosto, 2011|Categories: Administración electrónica, Artículo|Tags: |0 Comments