locker.jpgHoy la Asociación Profesional Española de Privacidad, APEP, ha mantenido una reunión con la Fundación Tripartita con un único tema sobre la mesa: ¿Por qué narices la Fundación Tripartita tiene esa postura tan pasiva frente al fenómeno del COSTE CERO, cuando se le ha documentado hasta la saciedad por parte de APEP y a través de otras denuncias un buen número de prácticas irregulares? ¿Es que no se da cuenta de lo que pasa? ¿o prefiere mirar para otro lado porque, a fin de cuentas, correcta o incorrectamente, se consumen los fondos de formación y la Fundación puede sacar pecho?

A buen seguro que los compañeros de la junta directiva que han representado a nuestra asociación en esta reunión, con buen criterio no habrán planteado la cuestión en esos términos, pero uno, que ha vivido este tema en primera persona y ya no está atado por compromisos de representación, puede expresarse como le venga en gana y en una forma que seguramente recoge a las claras el sentir del sector profesional.

¿Por qué la Fundación Tripartita se ha limitado a emitir, por presiones de APEP en la reunión de hace un año, un timorato comunicado que ni siquiera ya está visible en la página principal de su web y cuesta encontrarlo?

¿Por qué, si se han detectado estas prácticas, no se publicitan en debida forma, para evitar su contratación por parte de los empresarios (que a la postre son los que en caso de irregularidad deberán reintegrar las cuotas indebidamente bonificadas), las condiciones de contratación que se vienen considerando fraudulentas?

¿Por qué no se han puesto en marcha los mecanismos de control que contempla la normativa que regula los fondos de formación de las empresas? Y si se ha hecho, ¿por qué no se dan a conocer los resultados?

¿Por qué si el Servicio Público de Empleo Estatal ha llevado a cabo iniciativas investigadoras y éstas han destapado irregularidades no se han publicitado las mismas, dando a conocer las prácticas fraudulentas detectadas y las empresas que las comercializan?

¿Por qué las Autoridades , estatal y autonómicas, competentes en materia de protección de datos, ese derecho fundamental que parece que es el único, pese a haber recibido distintas interpelaciones parlamentarias al respecto para su vergüenza, no dan un paso al frente para apoyar los buenos usos en el sector del asesoramiento profesional en una materia cuyo incumplimiento acarrea para el sector privado sanciones de tomo y lomo?

¿Por qué el Gobierno de España, más de un año después, no ha contestado a la pregunta parlamentaria presentada en el Congreso por UPyD y a cuya redacción colaboró activamente APEP? Aprovecho desde aquí para públicamente agradecer el apoyo y la interlocución de Julián Ruíz-Bravo, miembro de ese partido en Palma.

¿Sabe Europa lo que está pasando con la parte de esos fondos de formación que nos financia El Fondo Social Europeo?

¿Por qué a la mayoría de la prensa, salvo honrosas excepciones le importa este tema un bledo? Bueno, esto tampoco resulta tan extraño, porque casi ningún medio, por ejemplo, se hizo eco de la reciente reforma del régimen sancionador de la LOPD; algunos periódicos se siguen refiriendo a la LOPD como “la ley de los datos” y en alguno de los importante hemos podido leer noticias sobre posibles sanciones económicas a Administraciones Públicas. Bien pensado, no se le pueden pedir peras al olmo.

¿Por qué los partidos políticos, salvo cuando los ha empujado APEP y les ha dado las cosas mascaditas, no dicen en este tema esta boca es mía?

En fin, para qué seguir…sólo dos precisiones finales, una en broma y otra en serio:

Salgo al paso de los que puedan decir que estoy afirmando que no pueden utilizarse fondos de formación para precisamente el aprendizaje en materia de protección de datos. Todos sabemos que eso es lícito. Pero no lo es dar gato por liebre.

Pese a tantos porqués, al contrario que Mourinho yo tengo muy claro el porqué del papel azul de los sugus de piña.