3468517675_b075d7f155_oLos pasados días 1 a 3 de diciembre ha tenido lugar en Valencia la XXIV REUNIÓN NACIONAL DE JUECES DECANOS DE ESPAÑA, tras la cual se ha emitido por los mismos un documento de conclusiones de 35 páginas, en el que se recoge su visión de los problemas que afectan a la Justicia española y aportan sus reivindicaciones y posibles soluciones a las deficiencias denunciadas.

 

Del contenido de  ese documento, del     que se han hecho eco, en mayor o menor medida, los distintos medios de comunicación, podríamos destacar cuestiones como las siguientes:

 

  • Las propuestas en relación a los delitos de corrupción, para los que se propone, destacaríamos, ampliar su  plazo de prescripción, el incremento de las penas o que los mismos dejen de ser enjuiciados por un jurado.

 

  • La aprobación de una Ley de segunda oportunidad para personas físicas insolventes, que permita modular el principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil.

 

  • La desaparición de los aforamientos y de los privilegios procesales absolutamente injustificados de los mismos. Esto, añado yo, es una demanda a gritos no solo de este colectivo profesional, sino de toda la sociedad a la que quien tiene que aprobarla, la clase política, reiteradamente hace oídos sordos o dice “sí, si” pero luego no hace nada.

 

  • La escandalosa insuficiencia de Jueces: Del documento de conclusiones:

 

España tiene hoy un número de jueces muy inferior al de los países de nuestro entorno, en concreto 11 jueces por cada 100.000 habitantes frente a la media europea de 21 jueces por cada 100.000 habitantes.

En los últimos años ingresa en la carrera un número tan reducido de jueces que no permite siquiera cubrir las jubilaciones

Se ha prohibido el llamamiento de 1200 sustitutos para realizar refuerzos, cubrir bajas por enfermedades de larga duración y otras contingencias, lo que ha demorado en el tiempo los señalamientos de los juicios y vistas aproximadamente en una tercera parte más del tiempo habitual pues los jueces deben estar disponibles para sustituciones determinados días o semanas.

Según un reciente informe del CGPJ más de la mitad de los jueces de este país superan en un 150% su carga de trabajo.

  • La insuficiencia de recursos. Del documento de conclusiones:

 

Aparte de la insuficiencia de jueces en España y de un sistema procesal penal decimonónico, hay otro problema fundamental que es la escasa inversión en Justicia. Los presupuestos destinados a la Administración de Justicia representan tan sólo el 1% de los Presupuestos Generales del Estado (unos 3700 millones € entre Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas), de los cuales el 80% lo consumen los gastos de personal, por lo que la modernización e informatización judicial es sencillamente imposible.

A pesar de que el principal papel en la lucha contra la corrupción corresponde a la Justicia, a pesar de que los intereses económicos en juego en el sistema judicial ascienden a unos 40.000 millones de € según recientes cálculos, a pesar de que los jueces conocen, por ejemplo, de todos los procesos civiles en los que se reclaman los daños causados como consecuencia de productos financieros tóxicos, o los despidos, o los concursos de acreedores, o la violencia de género, y aunque el 100% de los ciudadanos apostarían sin dudarlo por incrementar el número de jueces en España y dotar a la Justicia de los medios necesarios, lo cierto es que nunca se ha hecho, y no parece que a corto plazo vaya a hacerse dado que la mayor parte de los proyectos del Ministerio de Justicia han quedado en vía muerta, con lo que el contador vuelve a estar a cero.

 

  • La necesidad de reformar de arriba abajo el procedimiento penal

 

  • Particularmente me ha llamado la atención la exigencia de compatibilidad entre sí de los sistemas informáticos de las CCAA con competencias en materia de Justicia y con los de los territorios dependientes del Ministerio: manda trillos que deba denunciarse esa falta de compatibilidad, que es algo que, salvo para los que deciden en este país de reinos de taifas, es de cajón.

 

  • Igualmente, también ha suscitado mi interés una petición de absoluto cariz práctico: si se quiere pasar a un modelo de expediente judicial en soporte electrónico, que menos que poder trabajar con doble pantalla, como ya venimos haciendo cada vez más abogados.

 

 

Eso sí, frente a estas peticiones, también me ha sorprendido el silencio absoluto sobre algunos temas. Especialmente son dos los asuntos sobre los que no he encontrado ni una palabra en el documento:

 

Las tasas judiciales, en relación con las que se han escrito ríos de tinta. Penden contra la Ley que la aprobó distintos recursos de constitucionalidad y han recibido el rechazo unánime de todos los colectivos y operadores jurídicos. Es cierto que los jueces se han manifestado en varias ocasiones sobre este tema, pero entiendo que este encuentro de jueces decano y la emisión de un documento de conclusiones del mismo debería haberse aprovechado para reiterar el posicionamiento del colectivo judicial no solo frente a la ciudadanía, sino ante el nuevo Ministro de Justicia, Sr. Catalá, que lleva dos meses “estudiando” (¿Será capaz de querérsela aprender de memoria?) la norma para ver cómo puede salir del marrón que le han dejado.

 

 

Las relaciones medios de comunicación y Administración de Justicia. Si bien nadie niega que el artículo 20.1.d) de la Constitución Española recoge el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, lo cierto es que la influencia y presión desmedida de los medios de comunicación sobre quienes tienen que administrar justicia entiendo que merecería que el documento de conclusiones hiciera alguna mención al respecto, porque, desde mi punto de vista, y por destacar algunas cuestiones, materia hay para entrar:

 

  • El tema de las filtraciones cada día adquiere tintes más deplorables. Dada la protección constitucional de la fuente de información, pillar al filtrante, salvo que sea un auténtico inútil, es una misión imposible que conduce, cada vez de una forma más clara, a perseguir la publicación y el beneficio que se obtiene de la misma para acabar con esta cuestión. Se hace muy necesario regular bien qué se puede decir, lo que no, cuándo y de dónde se puede obtener la información sobre la instrucción de un proceso y las consecuencias para el que publica lo que no toca o cuando no toca.

 

  • Son absolutamente impresentables esas encuestas que todos los medios de comunicación realizan sobre el grado de conformidad o no de la ciudadanía con cualquier resolución judicial que se dicta casi ya en cualquier tipo de asunto, poniendo de forma automática en tela de solfa cualquier decisión que se toma. Dentro de poco, a este paso, las resoluciones judiciales en este país se dictarán en plan jurado de la Eurovisión (“Güayominí du puá”) o concurso televisivo: llame al número X si quiere que el juez resuelva en este sentido, o llame al número Y si prefiere que resuelva en el otro… y pobre del que no se ciña al resultado de la votación…

 

  • El lenguaje que se utiliza en las noticias relativas a la justicia no puede ser el mismo que se utiliza en la prensa deportiva, que también va por unos derroteros… No son de recibo titulares tipo “La Audiencia deja en manos del Juez Castro el futuro de la Infanta Cristina”. Que esto, señores de la prensa, no se trata de una telenovela y de a ver quién vende más o da el titular más melodramático. Se trata de administrar Justicia de forma objetiva, por lo que la información sobre la misma también debería serlo, dando importancia a lo que la tiene y dejando de lado lo que no.

 

  • Igualmente de impresentables me parecen esos reportajes estilo “quien es quien” en relación con los miembros de un tribunal que tiene que resolver cualquier asunto medianamente mediático o tener que ver a un Juez teniendo que soportar cada día el seguimiento de tropecientos cámaras o fotógrafos al entrar en su Juzgado. Los miembros de un tribunal o un juez no son los componentes de un equipo de fútbol o el rockero de turno. Recuerdo ahora especialmente un reportaje en el que se analizaba cómo vestían determinados jueces en el que se decía, por ejemplo, que Ruz llevaba mocasines castellanos con traje y que eso no estaba bien… ¿Me entienden, no? De ahí a que cualquier día le propongan a un Juez posar en gayumbos va solo un pasito. Con independencia de que el carácter y ego de alguno se puede prestar, quien crea jueces estrellas es la prensa, que luego es la primera que reniega de ellos.

 

 

En cualquier caso, el documento de conclusiones elaborado por los jueces decanos es sumamente interesante y pone sobre la mesa muchos —que no todos— de los problemas que afectan a la Justicia española. Creo que merece la pena que cualquier persona interesada pueda acceder al contenido completo del mismo, a fin de no ver limitada la información que se recibe a lo que la prensa quiera destacar. Por eso, como ya hice el año pasado, le he pedido al juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, el documento íntegro, a fin de ponerlo a disposición de todo aquel que quiera leerlo

 

Pueden descargar el documento desde este

Conclusiones XXIV reunión jueces decano (361 descargas)

Foto: Justice, 50 Fleet Street, London ©mira66