Según publica hoy Eldiaditgital.es, la Confederación de Empresarios de Albacete (Feda) ha puesto en conocimiento de las empresas de la provincia la circulación de una campaña fraudulenta en materia de protección de datos: diversas entidades envían comunicaciones a responsables de ficheros utilizando denominaciones similares a la de la propia Agencia, induciendo a confusión sobre el remitente de la comunicación.
Las fórmulas utilizadas por dichas entidades son diversas: Utilización indebida del logotipo de la AEPD, denominaciones similares a las de la Agencia, membretes que simulan requerimientos de la Agencia o la utilización de escritos cuyos formatos son similares a los enviados por la agencia Española de Protección de Datos…
Llueve sobre mojado. Hace mucho tiempo que el sector profesional de la privacidad viene demandando de la Agencia Española que deje de mirar para otro lado y se tomen cartas en el asunto. La AEPD no está solo para glosar el derecho fundamental a la privacidad y la LOPD, que en muchos casos parece que ha sustituido en la pirámide del Ordenamiento Jurídico español a la Constitución, y para sancionar a los responsables de ficheros.
La Agencia tiene el deber de luchar contra el uso torticero y fraudulento de su imagen y contra las malas prácticas que en relación con el mundo del asesoramiento e implementación de la LOPD se dan en el mercado. No puede escudarse en que solo tiene competencias sancionadoras. Si se ha elevado a rango de derecho constitucional fundamental el derecho a la protección de datos de carácter personal; si se ha implantado un régimen sancionador terrorífico; y si se ha montado un tinglado como la AEPD para la defensa y difusión de este derecho fundamental, no se puede mirar para otro lado. No se pueden permitir actuaciones contrarias a la buena conducta profesional, porque ello supone que el mercado se ve invadido de muchos falsos profesionales que asesoran indebidamente a la Administración pública y, sobre todo al sector privado, lo que supone el incorrecto –y por tanto inútil− conocimiento de la normativa y de su aplicación.
A lo largo de 2010 el sector profesional, representado principalmente por APEP, consiguió que los partidos políticos interrogasen sobre este tema como mínimo a doña Esther Mitjans, Directora de la APDCAT en una comparecencia ante el Parlamento catalán y don Artemi Rallo, a la sazón Director de la Agencia Española, en comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso. Sin embargo, la única actuación práctica por parte de dichos entes y restantes órganos de control autonómico, gracias a esas interpelaciones y la acción de la referida asociación profesional, fue “colgar” en sus respectivas web una nota informativa diciendo que eso estaba muy mal hecho y que estudiarían las acciones a llevar a cabo.
Hoy solamente la Agencia Española mantiene en la página de inicio de su web dicha nota (que tampoco destaca mucho, la verdad) y ninguna de las Agencias han emprendido el “ejercicio de las acciones legales pertinentes para proteger su imagen, evitar prácticas desleales o exigir responsabilidades penales sobre los responsables de estas prácticas” que anunciaban en sus nota. Y eso pese a los múltiples supuestos que se les han documentado, muchos de los cuales se encuentran en cinco minutos de búsqueda a través de San Google.
El empresariado y el sector profesional necesitan otra actitud por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, única competente sobre los ficheros de titularidad privada. Se necesita una participación activa de la Agencia en la defensa de la dignidad de su propia imagen, así como una publicidad destacada de sus iniciativas al respecto y de los resultados que obtenga. No se puede estar todo el día mirando hacia otro lado, como si la cosa no fuera con ellos. Con esa actitud, lo único que fomentan es su propia pérdida de legitimidad (tremendo); el trapicheo y la falta de profesionalidad de un sector de las personas y empresas que se dedica a este mundillo de la LOPD; y una absoluta inseguridad en el sector productivo nacional.
