Primera aproximación a la Ley 5/2018, de lucha (a medias) contra la ocupación ilícita de viviendas.

En el BOE de hoy, 12 de junio, se publica la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Puede descargar el texto completo de la norma desde este enlace. El objeto de esta Ley  es crear los instrumentos eficaces y ágiles en la Ley de Enjuiciamiento Civil para luchar contra el fenómeno OKUPA de viviendas pero, ojo, no de todas: se requiere que la vivienda ocupada ilegalmente, sin consentimiento, o bien: Sea propiedad de personas físicas o que éstas, sin ser propietarias, sean sus poseedoras legítimas. Que quien tenga derecho a poseerla sea una entidad sin ánimo de lucro, o bien Que sea una vivienda social propiedad (o que, sin serlo, sea su poseedora legítima) una entidad pública. Es decir, que si la vivienda ocupada es, por ejemplo, de una sociedad mercantil, no podrá acogerse a esta nueva regulación para recuperar la posesión, sino que deberá seguir utilizando las soluciones existentes hasta la fecha, que la propia exposición de motivos de la Ley reconoce que “todas ellas presentan algún tipo de problema o limitación en su aplicación en los casos de ocupación ilegal” . Me imagino el caso de un edificio propiedad todo él de una sociedad limitada que dedica las viviendas al arrendamiento y resulta que en un par de pisos que en momento determinado tiene vacíos le entran una serie de simpáticos okupas, para alegría del resto de los inquilinos. […]