Compliance penal: El artículo 31 bis del Código Penal en las resoluciones de las Audiencias Provinciales.

La responsabilidad de las personas jurídicas fue introducida en nuestro Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Posteriormente, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, lleva a cabo, según recoge su propia exposición de motivos, una mejora técnica en ese régimen de responsabilidad, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del “debido control”, cuyo quebrantamiento permite fundamente su responsabilidad penal. Desde entonces, los análisis doctrinales se han centrado en las Circulares 1/2011 y 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y en las escasas sentencias hasta la fecha dictadas por el Tribunal Supremo: nº 514/2015 de 2 de septiembre; nº 154/2016 de 29 de febrero, del Pleno; nº 221/2016 de 16 de marzo; 744/2016 de 6 de octubre y 827/2016, de 3 de noviembre. Sin embargo, tiende a olvidarse el “escalón” inferior: el análisis y aplicación que del 31 bis del Código Penal se hace en las Audiencias Provinciales al (artículo 82 LOPJ) enjuiciar las causas por delito cuyo conocimiento les corresponde y al resolver los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Instrucción y de lo Penal, lo que nos permite conocer también cómo aplican esos órganos unipersonales ese precepto La poca literatura jurídica sobre este tema es lo que me ha llevado, aprovechando la preparación del TFM de un Máster en Compliance con el que llevo medio año bregando,  a aproximarme a las resoluciones de las Audiencias Provinciales en las que se aplica el artículo 31 bis del Código Penal. Para ello, he utilizado la base de legislación y jurisprudencia de Lefebre-El Derecho: localizado en la legislación el artículo 31 bis del Código Penal, he solicitado búsqueda de todas las resoluciones contenidas en la base sobre ese precepto, siendo el resultado de ese rastreo el de 64 documentos, entre autos y sentencias, emitidos por Audiencias Provinciales. Hay que decir que no todas se ocupan como asunto central de la responsabilidad de la persona jurídica, siendo la cita del precepto residual, por lo que se han desechado. Lo que sigue a continuación es el análisis que he realizado sobre el contenido de esas resoluciones. No es mi pretensión realizar un profundo análisis doctrinal, sino exponer aquellas cuestiones que más han llamado mi atención durante su lectura. […]